sábado, 19 septiembre, 2020

Reforma judicial: Propuestas, modificaciones, críticas y apoyos al proyecto

Alberto Fernández, tal como había anticipado en su discurso del 1 de marzo ante el Congreso, anunció un proyecto de reforma de la Justicia federal. El objetivo es la unificación, por un lado, de los fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, y, por el otro, los fueros Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal.

Además, con el objetivo de fortalecer el poder judicial en el interior del país, el Presidente anunció reformas en la Justicia Federal y la creación de un Consejo de especialistas para aportar recomendaciones sobre un mejor funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

LA PROPUESTA INICIAL

La propuesta original de Fernández de unificar los fueros Penal Económico y el Criminal y Correccional Federal significa la creación de una nueva Justicia Federal Penal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, con 46 juzgados de primera instancia. Entre ellos se encuentran los 12 juzgados actuales de Comodoro Py -que concentran las causas más importantes del país, como las de corrupción de funcionarios públicos-, 11 juzgados en lo Penal Económico y 23 nuevos juzgados. 

Para la aplicación de este esquema, se establecerá un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados disponibles, que contará con la intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Además, como cada uno de los tribunales de hoy en día cuenta con 2 secretarías, seguirá funcionando una y la otra se convertirá en secretaría de los 23 nuevos juzgados. También habrá 4 cámaras federales de apelaciones y 17 tribunales orales federales, de los cuales 5 serán nuevos y en los cuales se deberán nombrar 3 jueces por cada uno de ellos.

En este punto, el presidente aseguró que la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando.

Por su parte,  el proyecto propone unificar las cámaras de apelaciones y ampliar el sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías.

La propuesta del Ejecutivo también contempla la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y poder así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.

Respecto al fortalecimiento de la Justicia federal, el proyecto retoma la iniciativa presentada por senadores de la oposición, en su mayoría de Juntos por el Cambio, “Justicia 2020”, el cual propone la creación de 94 nuevos juzgados penales. Así, los juzgados ya existentes, que en muchos casos tienen competencia múltiple (penal, electoral, civil, tributaria), dejarán de abocarse a las causas penales y sólo se ocuparán del resto de las materias.

Finalmente, se estableció la creación de un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que tendrá el objetivo de “repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y nuestro Ministerio Público Fiscal”. Está integrado por 11 juristas de diversos campos y tendrá un plazo de 90 días para cumplir con las funciones encomendadas.

LAS MODIFICACIONES

Tras el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores, el último miércoles se firmó el dictamen con la incorporación de distintas modificaciones.

Entre las modificaciones más destacadas del proyecto se encuentran que los sorteos de jueces pasarán a ser grabados en busca de mayor transparencia, y que no se avanzará con la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.

Además, se habilitó planteo de los organismos de derechos humanos que buscaban que las secretarías con competencia específica en el tema conserven la competencia exclusiva, que esta especialidad sea mantenida. Por último, al régimen penal juvenil se le incorporará una competencia juvenil exclusiva para el tratamiento de estos delitos. 

CRÍTICAS Y APOYOS

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se refirió al proyecto y señaló, por un lado, como positivo y como “demandas impostergables” que la reforma ponga en marcha el sistema acusatorio (en el que sean los fiscales y no los jueces los que lleven adelante la investigación), el traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad y la creación de juzgados penales con competencia exclusiva en todo el país.

Sobre la fusión del fuero Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, que derivaría en un nuevo fuero con 46 juzgados de primera instancia, la ACIJ advierte que puede ser “positivo”, pero “insuficiente” si no se toman “las medidas que resultan necesarias para terminar con las arbitrariedades y el mal funcionamiento que han caracterizado a este fuero”, compuesto por magistrados “poco independientes, ajenos a una perspectiva de derechos humanos y cuyo desempeño no es controlado adecuadamente”.

Por otro lado, en relación a la creación del Consejo Consultivo, ACIJ señala que es “fundamental” la consulta a personas expertas, pero esto “no puede ser excluyente de otras formas de participación ciudadana y de debate público”. “La discusión no puede quedar reservada a una élite”, señala el comunicado.

Finalmente, si bien Juntos por el Cambio no acompañó al oficialismo en el dictamen mayoritario, tampoco presentó uno propio.

Los comunicados de la oposición nucleados en las fundaciones Alem (Unión Cívica Radical) y Pensar (PRO), y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI), concluyeron que “se trata de una reforma inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad”.

Según los cálculos aportados por el Consejo de la Magistratura y los Tribunales de Comodoro Py, la implementación de la nueva estructura contemplando sólo la erogación en personal, costará entre 4.000 y 5.000 millones de pesos más de forma anual sobre los 62.465 millones de pesos. Es decir, un 8% más que los costos actuales. 

Además, tras la publicación del dictamen de comisión, hubo un fuerte rechazo al artículo 72 del proyecto de ley que contempla que «los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada».

Sin embargo, la discusión se focalizó en el inciso e) de dicho artículo en el que aparecen las figuras de los “poderes mediáticos”: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

Al descartarse la aprobación en la Cámara alta por una mayoría automática del oficialismo, las primeras dudas respecto a la aprobación aparecen en Diputados, donde el oficialismo, que tiene 117 votos (Massa solo vota si hay empate y De Mendiguren está de licencia por su cargo en el BIDE), deberá ir a buscar 12 voluntades en algún sector de la oposición. 

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