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El Gobierno quiere que los condenados vayan directo de tribunales a la cárcel

Una persona recientemente condenada, con pena de prisión de cumplimiento efectivo, se retira en libertad del Tribunal a la espera de que el fallo quede firme. Durante ese lapso gozará de su libertad con la única restricción de salir del país.

Esta situación afecta principalmente a las víctimas, que ven alargado el proceso de búsqueda de Justicia, y desata la impotencia de la sociedad en general y enojos contra los jueces cuando se trata de un caso con impacto mediático. Pero está amparada por el Código Procesal Penal de la Nación. El Gobierno quiere dar una señal clara en sentido contrario y por eso preparó un proyecto para terminar con esta escena: busca que los condenados vayan directo de los tribunales a la cárcel, a pesar de las instancias de apelación pendientes.

“La condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de un imputado que no estuviese en prisión preventiva implicará la sustitución de su situación de coerción por la aplicación de prisión preventiva o de prisión domiciliaria con vigilancia“, dice el texto de una iniciativa elaborada por el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano en conjunto con el diputado radical Luis Petri, titular de la Comisión de Seguridad Interior, que en los próximos días lo presentará e impulsará en el Congreso.

De esta manera, se establecerá que la condena trae consigo la prisión preventiva o domiciliaria de los condenados.

La iniciativa, cuentan en el edificio de calle Sarmiento, se inspiró en lo sucedido en torno al juicio por la Tragedia de Once, en el que los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y otros 19 condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Capital Federal, quedaron libres tras el juicio porque la sentencia no estaba firme. “Los condenados se benefician incorrectamente de las enormes demoras que experimenta el procedimiento recursivo“, señalan.

Cerca de Garavano afirman que el proyecto está “fundado en datos estadísticos según los cuales sólo un escaso número de condenas son revocadas en la instancia de Casación“. Y se anticipan a las críticas de sectores garantistas al indicar que “no sugiere que la sentencia del tribunal de juicio destruya el principio de inocencia”, sino que “busca convertir de una vez por todas al juicio oral en la etapa determinante del sistema de enjuiciamiento penal”.

Además, el texto también propone cambios en materia de prisión preventiva, al detallar los criterios objetivos que se deben tener en cuenta. Esto busca terminar con la amplia discrecionalidad del juez.

Como “artículo 312 bis” precisa cómo debe analizar el “peligro de fuga”. Indica como uno de los factores el “arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país u ocultarse”. Pero también insta a evaluar “la constatación de detenciones previas” y “la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos”, además del hecho que se evalúa y “la pena que se espera como resultado”. En especial, detalla, si prevé “condena condicional”.

Otro punto novedoso en este sentido es que incluye que se evalúe “si intentó fugarse en el momento de la aprehensión o fue hostil y ejerció violencia contra su aprehensor“.

Como “artículo 312 ter”, se fijan las pautas para decidir “acerca del peligro de entorpecimiento”. Se indica que se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

A) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.

B) Intentará asegurar el provecho del delito.

C) Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos.

D) Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

E) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

El proyecto apunta a implementar cambios rápidos en el Código Procesal Penal ya que el Senado tiene virtualmente paralizado el tratamiento del nuevo Código que envió el oficialismo el año pasado: apenas si fue debatido en una reunión de comisión. No obstante, aunque Cambiemos es minoría en la Cámara Alta, su bloque no mostró demasiada convicción para solicitar su debate.

Para despertar a sus espadas del letargo y evitar que la oposición cope el escenario de campaña con leyes contra la inseguridad, en los próximos días, el Gobierno retomará la iniciativa en materia de Justicia. El subsecretario de Política Criminal Juan Benítez ya le entregó a Garavano el proyecto de reforma de régimen penal juvenil que en la Casa Rosada esperan ansiosos.

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